Representantes de los ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid, Coslada y Madrid se han reunido hoy para analizar el estado en que se encuentra la tramitación de la Ley sobre la Cañada Real Galiana e intentar volver a los acuerdos alcanzados en 2009 entre todas las administraciones. Tras el encuentro, celebrado por iniciativa del alcalde de Rivas, reclamaron celeridad y consenso en la tramitación de la ley, que debe solucionar el grave problema social y de orden público generado por este asentamiento ilegal.

A la reunión han asistido el alcalde de Rivas, José Masa; el alcalde de Coslada, Ángel Viveros; la delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, así como la diputada y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, y la diputada de IU, Reyes Montiel. La invitación para asistir a esta reunión también se hizo extensiva a la Delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce (que excusó su presencia por motivos de agenda), a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, y al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, aunque finalmente no acudieron.

Los representantes de los tres ayuntamientos exhortaron a la Asamblea de Madrid a que intensifique los trabajos parlamentarios en torno al Proyecto de Ley 5/2009 de la Cañada Real Galiana, de modo que el proceso de tramitación de esta norma concluya a la mayor brevedad posible, evitando, en consecuencia, procedimientos y comparecencias que dilaten artificiosamente la aprobación de la Ley.

Asimismo, solicitaron que el texto de la Ley que se apruebe cuente con un amplio consenso de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y que refleje el acuerdo básico alcanzado entre las administraciones en 2009, de modo que sea requisito imprescindible que las administraciones implicadas alcancen un acuerdo social antes de iniciar cualquier negocio jurídico con los terrenos desafectados. En este sentido propusieron que se enmiende el proyecto de Ley suprimiendo el artículo 3.4 y condicionando la desafectación al desarrollo de los instrumentos de intervención en los ámbitos sociales, medioambientales y urbanísticos.

Por otra parte, los ayuntamientos instaron al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, con independencia de los trabajos parlamentarios, ejerza todas las competencias y potestades atribuidas por la legislación patrimonial y de vías pecuarias respecto a la tutela de este bien de dominio público del que es titular.

Asimismo, instaron al Gobierno de la Comunidad a que convoque a las administraciones implicadas a la negociación del acuerdo social, que permita ofrecer una solución urgente, definitiva e integral al problema de la Cañada Real Galiana.