La Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas (EMV) ha lanzado un servicio de inspección de las viviendas de protección pública en alquiler construidas por esta empresa municipal, y que son cerca de 400. La idea es controlar el buen uso de los pisos por parte de los arrendatarios.

Hasta la fecha, la EMV ha abierto siete expedientes de resolución de contrato por vivienda desocupada. Y uno se ha trasladado al juzgado para iniciar el proceso de desahucio. Con otro inquilino se han iniciado también los trámites de desahucio por realquiler la vivienda. Subarrendar una vivienda de protección pública es considerado por la Ley 9/2003, de Régimen Sancionador de Vivienda Protegida "infracción muy grave", con multa de 6.000 a 60.000 euros. En este caso, la EMV de Rivas ha remitido el caso a la Comunidad de Madrid -organismo competente en materia sancionadora de vivienda-.

Con este servicio de inspección, la EMV pretende evitar el uso fraudulento de los pisos en alquiler promovidos por dicha empresa de titularidad pública. Existe un teléfono de información: 91 670 22 30.