El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha vuelto a exigir al Gobierno de Esperanza Aguirre que agilice la tramitación de la Ley de la Cañada Real Galiana, de modo que se dé solución al principal problema de orden público, ilegalidad urbanística y exclusión social que tiene en la actualidad la Comunidad de Madrid. Esta declaración se produce hoy, día en el que se han manifestado ante la sede del Ayuntamiento ripense un grupo de vecinos de la Cañada. Esta tarde, vecinos ripenses de la Plataforma por el Saneamiento de la Cañada Real, tienen previsto acudir a la Asamblea de Madrid para ser testigos de cómo, la consejera de Medio Ambiente y Urbanismo, María Isabel Mariño, responde a una pregunta sobre la cuestión.

"En julio de 2009 llegamos a un consenso los tres ayuntamientos afectados (Madrid, Coslada y Rivas), la Delegación de Gobierno y la Comunidad de Madrid para resolver desde la regulación normativa el grave problema generado en la Cañada Real. Y desde entonces estamos esperando a que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid dé el paso definitivo para que este grave conflicto tenga una salida definitiva", ha afirmado el alcalde de Rivas, José Masa. El Ayuntamiento de Rivas siempre ha defendido que este terreno sobre el que ahora se levantan las edificaciones ilegales vuelva a convertirse en un espacio verde y protegido, al tiempo que el IRIS, organismo de la Comunidad de Madrid responsable de estos asuntos, realoje de forma repartida en toda la región a las personas con especiales necesidades sociales.

Pese a que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, prometió en septiembre de 2009 que la tramitación de la Ley reguladora de la Cañada Real se haría en un plazo corto de tiempo, la realidad es que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se han puesto numerosas trabas al proceso legislativo que debe desarrollar la Asamblea de Madrid. De momento permanece prácticamente parado, tras crear una Comisión insólita ante la que deben comparecer 40 personas pero ningún representante de los tres municipios afectados: Madrid, Coslada y Rivas.

Hay que recordar que en el pasado mes de abril representantes de los tres ayuntamientos afectados se reunieron en Rivas para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que ejerza todas las competencias y potestades atribuidas por la legislación patrimonial y de vías pecuarias respecto a la tutela de este bien de dominio público del que es titular. Asimismo, volvieron a pedir a Esperanza Aguirre que convoque a las administraciones implicadas a un proceso de negociación del acuerdo social, que permita "ofrecer una solución urgente, definitiva e integral al problema de la Cañada Real Galiana", tal y como rezaba el documento que consensuaron entonces Rivas, Madrid y Coslada.