El pasado 25 de noviembre las excavadoras se desplazaron para demoler una construcción ilegal levantada en el sector IV de Cañada Real, que está ubicado en el término municipal de Rivas Vaciamadrid. La orden de derribo se ejecutaba cumpliendo con un expediente de disciplina urbanística abierto al propietario de una edificación de tres plantas, de 150 m2 cada una. El dueño, Jesús, fontanero de profesión, declaró esa misma mañana a los medios de comunicación que pretendía hacer en la planta baja cuatro habitaciones y dos baños (uno de ellos con hidromasaje). Un periódico gratuito tituló la noticia utilizando la palabra "chalé". Su abogado presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso número 17 de Madrid, contra la demolición y logró paralizarla. Su jueza titular ha dictado un auto en el que paraliza el derribo por defectos de forma del expediente, "sin entrar en el fondo de la cuestión", tal y como reza la sentencia que se acaba de hacer pública.

Los datos (todos de consulta pública) que constan sobre este señor en el Registro de la Propiedad, demuestran que también es propietario de otras cuatro viviendas en la Comunidad de Madrid. La reacción del Ayuntamiento de Rivas ante este auto judicial está marcada por el respeto a la sentencia y la perplejidad por el argumento sostenido por el abogado defensor respecto al supuesto "desvalimiento" de su defendido, ya que según sostenía: "la construcción expedientada era el lugar en el que residía". Un simple vistazo a la edificación, sin ventanas, vacía por dentro y con la fachada sin terminar, descalifica por completo este argumento.

"Vamos a seguir ejecutando expedientes de derribo. No nos vamos a parar porque en la Cañada Real se mezcla la especulación urbanística de desalmados que tratan de beneficiarse de triquiñuelas legales, con numerosos casos de extrema necesidad protagonizados por familias que malviven en infraviviendas", ha declarado José Masa, alcalde de Rivas Vaciamadrid. "Respecto al caso concreto que se ha paralizado, quiero dejar meridianamente claro que vamos a seguir peleando, con la ley en la mano, para que quien trate de lucrarse aprovechando una situación de ilegalidad manifiesta, vea su construcción derruida y tenga que enfrentarse con el pago de las fuertes sanciones económicas que se deriven de su acción". El Ayuntamiento de Rivas recurre el auto y confía en que, más pronto que tarde, la construcción ilegal sea derribada.