El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid coincide punto por punto con las duras críticas que se vierten en el informe de 2009 del Defensor del Pueblo sobre la actuación de la Comunidad de Madrid respecto a la Cañada Real. En dicho documento, del que se ha hecho eco esta mañana un diario de difusión nacional, el Enrique Múgica recrimina la inacción del Gobierno de Esperanza Aguirre ya que dispone de suficientes mecanismos regionales, como los Programas de Rehabilitación Concertada en Áreas urbanas, para atajar un problema que en sus propias palabras "presenta deficiencias y carencias sociales de especial gravedad".

Precisamente ahora se cumplen doce meses desde que, convocados por Esperanza Aguirre, representantes de la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno y los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Getafe firmaron un acuerdo que fijaba entre otras cuestiones el compromiso del Ejecutivo regional de promover en la Asamblea de Madrid una Ley para la recuperación integral de la Cañada Real.

"Es una vergüenza que estemos en el mismo punto que hace un año. Los Ayuntamientos afectados llevamos todos estos meses exigiendo sin éxito que se apruebe la Ley y que la Comunidad de Madrid tome cartas en el asunto", argumenta José Ramón Martínez Perea, concejal de Política Territorial de Rivas. "Durante este tiempo, el PP de la Asamblea de Madrid se ha dedicado a organizar artificios para que el tiempo siga corriendo y nada cambie. Y mientras, el mayor foco de exclusión social, inseguridad e ilegalidad urbanística de la región sigue creciendo", concluye el edil ripense.

RIVAS LA QUIERE VERDE
Otra de las críticas que se desprende de las 12 páginas del informe del Defensor del Pueblo que hacen referencia al conflicto de la Cañada Real es la "escasa colaboración" demostrada por la Administración regional en un tema en el que la Comunidad de Madrid "puede tomar iniciativas de cooperación y concertación con los ayuntamientos". Y no se para ahí. En opinión de Enrique Múgica, la Cañada Real reúne "problemas con aspectos urbanísticos y de vivienda, de peligro ante inundaciones, pero también de seguridad ciudadana y atención social e incluso de salud pública".

El Ayuntamiento de Rivas siempre ha defendido que este terreno sobre el que ahora se levantan las edificaciones ilegales vuelva a convertirse en un espacio verde y protegido, al tiempo que el IRIS, organismo de la Comunidad de Madrid responsable de estos asuntos, realoje de forma repartida en toda la región a las personas con especiales necesidades sociales. "La recuperación de la Cañada Real como vía verde abierto al disfrute de la ciudadanía va a seguir siendo nuestro objetivo final cuando se haya realojado a quien lo necesite y se haya reinstaurado la legalidad", subraya el concejal de Rivas de Política Territorial.

Hay que recordar que en el pasado mes de abril representantes de los tres ayuntamientos afectados (Rivas Vaciamadrid, Madrid y Coslada) se reunieron en Rivas para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que ejerza todas las competencias y potestades atribuidas por la legislación patrimonial y de vías pecuarias respecto a la tutela de este bien de dominio público del que es titular. Asimismo, volvieron a pedir a Esperanza Aguirre que convoque a las administraciones implicadas a un proceso de negociación del acuerdo social, que permita "ofrecer una solución urgente, definitiva e integral al problema de la Cañada Real Galiana", tal y como rezaba el documento que consensuaron el 7 de julio de 2009 estos ayuntamientos, la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno.