El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha presentado más de un centenar de procedimientos judiciales que buscan la demolición de otras tantas edificaciones que se han construido ilegalmente en el terreno de Cañada Real que pertenece al término municipal ripense. "Tenemos la firme determinación de seguir por la vía judicial los intentos de que se restaure la legalidad en una zona de especial protección medioambiental como es la Cañada Real", ha afirmado José Ramón Martínez Perea, concejal de Política Territorial.

Estas declaraciones se producen poco tiempo después de que se haya hecho pública una sentencia del Juzgado número 17 de lo Contencioso-administrativo de Madrid, que suspende, por un defecto de forma, el derribo ordenado el 25 de noviembre de 2008 por el Consistorio ripense de una construcción levantada en el sector IV de Cañada Real. El auto de la juez no entra a calificar la legalidad de la iniciativa del Ayuntamiento. De hecho, la sentencia señala textualmente que se estima la demanda "sin prejuzgar el fondo de las cuestiones planteadas en este recurso". Para el edil de Política Territorial lo que se ha producido es un error en el modo de notificarlo que se solucionará con la presentación de un nuevo recurso.

"No nos vamos a parar en el propósito de acabar con la especulación urbanística con la que se están lucrando unos cuantos sinvergüenzas", ha afirmado José Masa, alcalde de Rivas. El titular del edificio de tres plantas (170m2 en primera y en segunda y 130m2 en la planta baja) tiene otras cuatro propiedades registradas en la Comunidad de Madrid. El alcalde de Rivas defensor desde hace muchos años de una postura de firmeza en este asunto, asegura que el Gobierno que dirige está dispuesto a defender "con todos los modos legales a nuestro alcance, que la solución del problema de la Cañada Real sólo pasa por el derribo de todas las construcciones ilegales y el consiguiente realojo de aquellas personas que lo necesiten".

La Cañada Real, una vía pecuaria de 14,2 km, se ha convertido en los últimos años en principal foco de exclusión social extrema, inseguridad ciudadana e ilegalidad urbanística de la Comunidad de Madrid. Pese a ser un espacio natural de especial protección, por su interés medioambiental (así lo marca la Ley de Vías Pecuarias ratificada por la Asamblea de Madrid en 1998) desde el Gobierno de Esperanza Aguirre se ha eludido hasta la fecha asumir las medidas necesarias que abran las puertas a la resolución del conflicto. Todavía se está a la espera de que Aguirre presente en la Asamblea de Madrid la Ley regional de desafección de los terrenos que comprenden la Cañada Real y que se extienden por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas.