"El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid va a seguir peleando para dar la solución que necesita al problema de la Cañada Real", ha afirmado esta mañana José Masa, alcalde de la localidad. Estas declaraciones se producen un día antes de que, tal y como se ha anunciado, se vote en la Asamblea de Madrid, mañana jueves, una ley con la que el Gobierno de Esperanza Aguirre pretende intervenir en el mayor foco de exclusión social, ilegalidad urbanística y tráfico de drogas de toda la Comunidad de Madrid.

El regidor de Rivas ha asegurado que estará presente en Pleno que se iniciará a las 16.00 horas, en la sede del Parlamento madrileño, con el propósito de que se escuche la voz de los ayuntamientos afectados por este asentamiento ilegal en el que viven cerca de 20.000 personas. "Resulta preocupante que la Comunidad de Madrid se empeñe en aprobar una ley tan importante sin tener de su lado a las administraciones a las que, la propia norma limita en el tiempo en su capacidad de buscar soluciones al problema social que es gravísimo".
Hay que recordar que, según lo anunciado por representantes del Gobierno de Aguirre, la Ley de la Cañada la Comunidad podrá enajenar los terrenos desafectados, cederlos a los ayuntamientos en cuyo término municipal se encuentren o a terceros, permutarlos o llevar a cabo cualquier otro negocio jurídico permitido por la Ley de Patrimonio de la Comunidad. Y antes, el texto de la ley marca la exigencia de que, en el plazo de dos años, las administraciones implicadas hayan alcanzado el acuerdo marco de contenido social y que los ayuntamientos después del acuerdo hayan adaptado la clasificación del suelo, en el plazo de dos años. "Insistimos en que la Comunidad, a través del IRIS (Instituto Madrileño de Integración Social) es la única administración responsable de los realojos, no los ayuntamientos", ha puntualizado José Masa.

En el caso en que esta cuestión, junto a alguna otra consensuada entre los municipios de Madrid, Coslada y Rivas con Esperanza Aguirre, no obtenga respuesta, el Consistorio ripense mantiene su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. El argumento para pedir el amparo a esta instancia judicial es que la Comunidad de Madrid, al aprobar la Ley de la Cañada Real vulnera el principio que marca la Carta Magna respecto a la autonomía municipal.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha repetido que no existe ninguna posibilidad de que se legalicen, en su término municipal, las edificaciones ilegales que se han levantado durante estos años en la Cañada Real. "No queremos que nadie albergue falsas expectativas sobre una opción futura de legalizar su vivienda", ha dicho José Masa, alcalde ripense. El Consistorio reitera que el espacio "liberado", volverá a recuperar el destino que nunca debió perder cuando era vía pecuaria: un zona verde protegida y en la que, en consecuencia, allí no se podrá edificar. Así lo fija el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aprobó su Pleno Municipal en 2004 y que ratificó la propia Comunidad de Madrid.