Esta mañana, el alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa Díaz, ha enviado un requerimiento al Director General de Agricultura y Medio Rural de la Consejería de Economía para exigir a la Comunidad de Madrid que acepte sus competencias como titular de la Cañada Real Galiana. Si la administración autonómica no responde en el plazo que marca la ley, se iniciará un proceso judicial para que lo haga, aunque desde el Ayuntamiento se confía en que se produzca una respuesta positiva de parte de la Comunidad de Madrid y así se evite este trámite. Esperanza Aguirre ha rechazado en varias ocasiones ante los medios de comunicación y ante la propia Asamblea de Madrid el reconocimiento que se solicita, pese a que está recogido en la Ley de Vías Pecuarias de 1998.

Este requerimiento legal se enmarca en una larga cadena de iniciativas adoptadas por el Ayuntamiento de Rivas en los últimos años que pretende encontrar una solución definitiva al gravísimo problema de legalidad, exclusión social y seguridad en el que se ha convertido la Cañada Real. El Equipo de Gobierno ripense, formado por Izquierda Unida y PSOE, exige de este modo a la Comunidad de Madrid que adopte medidas para evitar nuevas ocupaciones ilegales del dominio público en la Cañada Real Galiana, una vía pecuaria protegida por ser una zona de especial interés ecológico.

Para José Masa, alcalde de Rivas, la iniciativa de exigir mediante un procedimiento ante los tribunales a la Comunidad que asuma las competencias que le marca la ley, es una acción de gran calado político ya que "pocas instituciones han empleado este mecanismo que permite que le recordemos a otra administración pública que no ejerce las competencias que le corresponden".

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid lleva, desde hace varios años, exigiendo a Esperanza Aguirre que convoque una comisión, formada por la propia Comunidad, la Delegación de Gobierno en Madrid y los cinco ayuntamientos afectados, en la que se tomen decisiones respecto al mayor problema de exclusión social, legalidad y seguridad que afecta hoy en día a la región. La Cañada Real se ha convertido en un foco de infraviviendas, delincuencia organizada y tráfico de drogas que se extiende a lo largo de cinco municipios de la región: Getafe, Madrid, Rivas, Coslada y San Fernando de Henares.

El Consistorio ripense va a continuar con todas las iniciativas que estén a su alcance para que la Comunidad de Madrid adopte medidas efectivas como el derribo de las edificaciones ilegales y el consiguiente realojo de las familias necesitadas en pisos del IVIMA en toda la región. Hasta la fecha, la presidenta autonómica ha hecho oídos sordos y ha preferido señalar a los ayuntamientos como los únicos responsables de las medidas de sanción urbanística.