La Comunidad de Madrid sabe desde 2006 que cuenta con una parcela municipal cedida por el Ayuntamiento de Rivas para construir una residencia y un Centro de Día para personas mayores. Lo sabe, porque está firmado en un acuerdo entre ambas partes, pero no hace nada, ni lo piensa hacer, según le informó en una reunión el 16 de diciembre la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, a la concejala de Servicios Sociales y Mayores de Rivas, María Paz Parrilla.
"Me dijo que no tenía previsto construir ninguna de residencia en la parcela que le cedimos hace tres años", explica la edil ripense. Rivas cuenta actualmente con una residencia, pero no es pública, que dispone de dos tipos de plazas: unas en las que las familias aportan íntegramente la cuota de estancia (entre 1.700 y 2.100 euros mensuales) y otras convenidas con la Comunidad de Madrid, económicamente más asequibles, pero que actualmente se encuentran todas ocupadas, según han podido saber los servicios municipales. La consejera transmitió a la representante ripense que de ser necesarias más plazas para personas mayores, "convendrá" otras nuevas con la actual residencia adquiriendo para ello parte de ese "cupo privado", donde aún existen vacantes, según la consejera.
Las demandas ripenses pasan también por la creación de otro centro de día para la ciudad, que según las peticiones locales debería ser de 50 plazas. Actualmente Rivas sólo cuenta con un centro de día para 40 personas, ubicado en el centro de mayores Concepción Arenal. "Desde hace dos años y medio venimos pidiendo al Gobierno regional que amplíe en diez su número de plazas, porque hay lista de espera de al menos 70 personas", lamentan en la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores. Sin esa ampliación y sin la construcción del nuevo centro de día, tendrán que seguir aguardando para disfrutar de un servicio esencial recogido en la Ley estatal de Dependencia, aprobada en 2006 por el Parlamento español.
MUNICIPIOS EN PIE DE GUERRA
Precisamente son los derechos que recoge esta ley otro motivo de fricción entre el Gobierno regional y los municipios madrileños. La administración autonómica ha recibido 52.049 solicitudes de dependencia, pero sólo ha concedido 25.028 prestaciones. Es decir, casi la mitad de las ciudadanas y ciudadanos madrileños que tienen derecho a recibir una prestación no la disfrutan. Y muchas de quienes la reciben, asegura Parrilla, "ya estaban siendo atendidas en residencias y centros de día".
"La Comunidad está haciendo caja, ingresando dinero del estado para servicios que ya se prestaban y sin crear nuevos servicios", añade. La escasez de plazas empuja a las familias a solicitar prestaciones económicas para que las personas sean atendidas por familiares en sus propios hogares. Una ayuda "muy modesta" por la que se opta "antes de pasar a engrosar las listas de espera, con el riesgo de que en ocasiones no se ofrece a la persona el servicio más adecuado, que debiera recaer en profesionales", dice Parrilla. La mayoría de las personas dependientes son atendidas por mujeres, "lo que conduce a mantener una situación de no promoción social, personal y laboral".