De una forma sorpresiva, la Comunidad de Madrid ha forzado en los últimos días la aprobación del proyecto de Ley de la Cañada sin tener en cuenta a los ayuntamientos en cuyos términos municipales se ubica este poblado ilegal. "Esperanza Aguirre ha jugado, de nuevo, con la confianza que teníamos puesta los alcaldes de Madrid, Coslada y Rivas respecto a que respetaría el consenso que habíamos alcanzado sobre este problema social, el más grave que vive la Comunidad de Madrid en estos momentos", ha explicado José Masa, alcalde de Rivas Vaciamadrid.

En la mañana de ayer se conoció que la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid había aprobado un dictamen que validaba el proyecto de Ley de la Cañada Real Galiana, con diez votos a favor (PP) y siete en contra (PSOE e IU). Está previsto que la Asamblea refrende la norma el próximo 10 de marzo.

"La desafección del terreno sólo debería producirse una vez que la Comunidad de Madrid y ayuntamientos hayan solucionado antes del realojo de los habitantes de la Cañada que se hallen en situación de especial necesidad social", ha subrayado el primer edil de Rivas, quien insiste en que la competencia de aplicar las políticas sociales es exclusiva de la Comunidad de Madrid. "Así lo fija el Estatuto de Autonomía", añade, "pese a lo cuál en el texto de la Ley no se explicita que el IRIS, organismo regional responsable de realojos, asuma ningún papel en la búsqueda de una vivienda digna para las familias en estado de especial necesidad".

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Ante esta decisión, que supone un incumplimiento flagrante del espíritu de consenso que ha impregnado las reuniones que se han tenido en los últimos años entre las partes, el Ayuntamiento ratificará en los tribunales ordinarios las denuncias que ya ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al tiempo que se plantea la posibilidad de interponer, en el caso en que se aprobara la Ley de la Cañada en los términos anunciados, recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma ya que vulnera el principio de autonomía municipal. "Estamos dispuestos a llegar hasta el Tribunal Constitucional para que nos ampare ante una ley claramente perjudicial para los derechos de la ciudadanía de Rivas, a la que representamos", subrayó el alcalde de Rivas.

Desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se insiste en que la Comunidad de Madrid impone un plazo de dos años a partir de los cuáles se arroga la capacidad de disponer libremente de los terrenos desafectados. "El temor razonable que nos asalta a los ayuntamientos implicados es que la Comunidad termine bloqueando el acuerdo social, pasen dos años y se nos transfiera a nosotros una responsabilidad que es sólo suya", ha declarado Guillermo Magadán, primer teniente de alcalde de Rivas.

La decisión de ayer implica, de hecho, que la administración autonómica hace dejación de sus obligaciones en lo que al dominio público se refiere, al tiempo que no asume la respuesta a las necesidades sociales de las miles de familias en estado de extrema necesidad. "Es muy grave", reitera José Masa, "que el Gobierno de Esperanza Aguirre se autoexima de las competencias que posee en relación con la intervención social, que debe tener lugar en el mayor foco de exclusión social de España".

El Ayuntamiento ripense defiende los principios del acuerdo que firmaron Madrid, Coslada y Rivas, junto a la Comunidad de Madrid y a la Delegación de Gobierno, el 7 de julio de 2009, en una reunión que estuvo presidida por Esperanza Aguirre y promovida por el propio Masa. En aquella ocasión se fijaron plazos y criterios que el Gobierno regional ha incumplido de forma reiterada.

Rivas Vaciamadrid lleva años peleando para que se dé una solución definitiva al grave conflicto social que se ha generado con la ocupación ilegal del terreno de la Cañada Real Galiana. Pese a las especulaciones que se han lanzado en diversos ámbitos acerca del destino final que se va a dar a esos terrenos ubicados en el término municipal ripense, desde el Consistorio se insiste en que el espacio "liberado", volverá a recuperar el destino que nunca debió perder cuando era vía pecuaria: un zona verde protegida y en la que, en consecuencia, allí no se podrá edificar.